A raíz de los terremotos que no han terminado de sacudir a Puerto Rico, algunos medios de la prensa liberal ya comenzaron a desempolvar la estrategia de incitación al agravio, desplegada inicialmente durante las postrimerías del Huracán María.
Con el fin de desinformar y de convertir el dolor humano en “commodity” político El Nuevo Día, el periódico con mayor circulación en Puerto Rico, publicó una nota titulada La declaración de emergencia de Donald Trump tiene un límite de $5 millones:
Washington - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) confirmó hoy que por la declaración de emergencia federal, la intervención de su oficina en la crisis causada por los recientes terremotos en Puerto Rico tiene un límite financiero de $5 millones.
No será hasta que el presidente Donald Trump suscriba una declaración de zona de desastre –como la solicitada el sábado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced-, que FEMA podrá comenzar a ofrecer asistencia individual y reembolsos a los gobiernos locales por los gastos de emergencia en que han incurrido en los últimos días.
El titular sugiere que el presidente limitará la ayuda federal bajo el estado de emergencia a $5 millones de dólares. El próximo párrafo trata de aclarar que la declaración de desastre mayor, cuya aprobación pende, abriría la puerta a mayores desembolsos federales. Pero el titular e introducción viciaron la nota por completo; una instancia clara de sesgo por omisión con el fin de establecer una narrativa.
Lo que El Nuevo Día no dice por ningún lado es que la ley Stafford, la cual gobierna tanto el manejo de emergencias como a FEMA, es la que limita el desembolso de fondos a $5 millones. Según la ley Stafford:
El presidente puede declarar un estado de emergencia por cualquier ocasión o instancia cuando el presidente determine que sea necesaria la asistencia federal. Las declaraciones de estado de emergencia suplementan los esfuerzos de gobiernos a nivel local, estatal o de tribu para proveer servicios de emergencia, tales como la protección de vidas, de propiedad de salud o seguridad públicas, o para aminorar o evitar la amenaza de catástrofe en cualquier parte de los Estados Unidos. El monto total de la asistencia brindada por estado de emergencia individual no podrá sobrepasar los $5 millones de dólares. De ser rebasada esta cantidad, el presidente lo reportará al Congreso.
El tope lo pone la ley, y no ningún presidente. El que El Nuevo Día sea incapaz de establecer esta distinción es completamente inaceptable y un indicio claro de “fake news”.
El momento que vive Puerto Rico exige periodismo responsable y fáctico, y no información a medias para caldear el ánimo o manipular un sentido de agravio colectivo contra los Estados Unidos o contra el presidente. Es lo menos que El Nuevo Día le debe a sus lectores. El dolor ajeno no es un "commodity" político.
